El Supremo confirma la sanción a un Magistrado por retrasos injustificados

El Tribunal Supremo ha confirmado la suspensión de seis meses de suspensión a un Magistrado de una Audiencia Pronvincial acarreaba retrasos injustificados en la Resolución de los asuntos.

Publicado el 24 de junio de 2016
El Supremo confirma la sanción a un Magistrado por retrasos injustificados

En un momento en que la administración de justicia sigue viéndose como algo hosco e inaccesible, la sección 1ª del Tribunal Supremo, en Sentencia de 31 de marzo de 2016, ha confirmado la suspensión por seis meses de un Magistrado de una Audiencia Provincial como responsable de una falta muy grave del artículo 417.9 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, en lo que puede parecer una toma de conciencia de la imperiosa necesidad de mejorar la imagen y el funcionamiento de nuestro Poder Judicial.

 

El magistrado acarreaba retrasos injustificados en la Resolución de los asuntos, lo que desgraciadamente no es novedad en nuestra administración, pero, en realidad, lo que ha pesado en la confirmación de la sanción que le había sido impuesta por la Comisión disciplinaria ha sido la desatención mostrada en el ejercicio de sus funciones. Parece que nuestros tribunales toman conciencia de la preocupante falta de valoración ciudadana en momentos de incertidumbre que justamente exigirían lo contrario. El Tribunal no necesitó siquiera de oír a sus compañeros de sección para ratificar la decisión; el expediente administrativo instruido por la unidad inspectora ha servido para ratificar el acuerdo del órgano disciplinario de los jueces.

 

La conclusión alcanzada por el alto tribunal es que la sanción aún podría haber sido más dura en atención a la disfunción global y la perturbación producida que se aprecia sin necesidad de que constaran quejas de letrados o justiciables en el expediente. En definitiva, la actuación comprobada por la inspección repercute negativamente, como no podía ser de otro modo, en la imagen de la Audiencia Provincial y en el prestigio de sus componentes ante la abogacía y los propios ciudadanos. Pensar lo contrario, señala la sala, “supone tanto como desconocer lo que la Sociedad echa en falta y reclama en el funcionamiento de los órganos judiciales”.

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