Derecho a indemnización por caida en una "cinta" en gymnasio municipal

Es importante tener en cuenta que nuestro derecho atribuye responsabilidad a la Administración no solo en los supuestos de funcionamiento anormal, sino también en los de funcionamiento normal de los servicios públicos, de ahí la obligación de indemnizar la lesiones producidas en el accidente relatado.

Publicado el 21 de mayo de 2016
Derecho a indemnización por caida en una "cinta" en gymnasio municipal

La responsabilidad extracontractual de las Administraciones públicas tiene su reconocimiento Constitucional en el artículo 106.2 y viene regulada, en esencia, en el artículo 139.1 de la Ley 30/1992, de régimen jurídico de las Administraciones Públicas y del procedimiento administrativo común, en los siguientes términos: “los particulares tendrán derecho a ser indemnizados por las Administraciones Públicas correspondientes, de toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, salvo en los casos de fuerza mayor, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos”.

 

En este contexto la Administración local se ha visto obligada a indemnizar a un particular que, cuando estaba caminando en una cinta ergonométrica del Polideportivo municipal, salió disparado, precipitándose contra el suelo, lo que le causo lesiones de cierta entidad. El lesionado venía usando la cinta con cierta regularidad para caminar, siguiendo las instrucciones de funcionamiento que se le dieron en el polideportivo al inscribirse, hasta que el día del accidente, por causas totalmente desconocidas, la cinta aceleró de una manera extraordinaria al punto de despedirlo de una forma particularmente violenta.

 

Sobre el alcance de la responsabilidad patrimonial se vienen pronunciando con regularidad nuestros Tribunales, fijando la obligación de indemnizar, o reparar el daño, cuando se dan tres requisitos esenciales:

 

  1.  El particular debe haber sufrido una lesión efectiva, concreta y susceptible de evaluación económica que no tenga la obligación de soportar.
  2.  La lesión ha de ser imputable a la Administración y consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos, entendidos estos en su acepción más amplia de actividad pública.
  3.  Debe existir una relación de causa-efecto entre el funcionamiento del servicio y la lesión, excluyéndose los supuestos excepcionales de fuerza mayor.

 

Resulta esencial apreciar que nuestro derecho atribuye responsabilidad a la Administración no solo en los supuestos de funcionamiento anormal, sino también en los de funcionamiento normal de los servicios públicos, de ahí la obligación de indemnizar la lesiones producidas en el accidente relatado.

 

A pesar de haber acreditado la contratista que la cinta ergonométrica contaba con las oportunas revisiones periódicas de funcionamiento y que, ni antes ni después, necesitó de ninguna reparación extraordinaria, ni registró ninguna anomalía de funcionamiento, ha nacido la obligación de indemnizar de la Administración. En nada influye, por tanto, que no se haya podido acreditar el motivo del acelerón de la cinta y que los hechos prácticamente evidenciaran una manipulación indebida del ciudadano.

 

En definitiva, la obligación de nuestras Administraciones de indemnizar a los particulares no se agota con el cumplimiento de toda la normativa exigible a cualquier servicio público, lo que hace necesario que siempre que suframos un daño que sea consecuencia del funcionamiento de la Administración acudamos a recibir el debido asesoramiento profesional.

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